Hace treinta años que integro una Fundación Educacional que es “sostenedora”. Es decir, que imparte enseñanza gratuita, en su caso Básica y Media, y recibe por ello una subvención del Estado a través del Ministerio del ramo. Al ser este aporte estatal —según he dicho tantas veces aquí mismo— groseramente inferior al mínimo indispensable para lograr una calidad también mínima, la Fundación debe colocar la diferencia. Pues la ley le prohíbe, como es lógico, cobrar nada a los usuarios, a las familias de los alumnos.
En el escándalo de las “platas perdidas” por el Ministerio de Educación, Secretaría Regional de Santiago —que se halla en pleno desarrollo—, e invocando la calidad de sostenedora que inviste la Fundación, tengo una respetuosa solicitud que formular. Se dirige a esa Secretaría de Estado, y a los distintos “voceros” del Gobierno que tocan la materia, por una parte, y por la otra a la prensa.
Al Ministerio de Educación y “voceros” gubernativos pido, humildemente, que no me tomen el pelo junto con tomárselo a todos los demás chilenos. Y a los medios comunicacionales, que no se presten a la burla.
¿Será mucho pedir? Veamos los hechos.
1. Desde febrero de 2006, la Contraloría viene observando al Ministerio que sus cuentas de gastos correspondientes a 2004, 2005 y 2006, NO CUADRAN. Y esto, EN LA MONSTRUOSA SUMA GLOBAL DE DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL MILLONES DE PESOS.
¿Qué significa lo anterior? Simplemente, que gastos por dicho monto no estaban comprobados en la fecha del reparo (febrero del 2006).
A esa fecha, entonces, el Ministerio, la Secretaría Regional de Santiago, no podían demostrarle a su auditor, la Contraloría, que efectivamente hubieran hecho los gastos de marras, ni menos que fuesen legítimos y legales. Por lo que sabía el organismo contralor, quizás esos miles de millones conformaran un desembolso impecable, o quizás se los hubieran robado. Así de simple.
2. Hoy, dos años después de dar la Contraloría su campanazo, la situación es la que sigue:
- El 11 de enero pasado (2008), recién, el Ministerio “regularizó” las cuentas de la Seremi santiaguina entre enero del 2006 y septiembre de 2007, veintiún meses.
La regularización no significa que las cuentas estén aprobadas, sino que AHORA, sólo ahora, la Contraloría puede examinarlas.
- Las cuentas de 2004 y 2005, veinticuatro meses, SIGUEN EN EL AIRE. Pasados dos años, aún no es posible siquiera estudiarlas ni por tanto determinar sus eventuales oscuridades o irregularidades.
3. Así las cosas, el Ministerio y los “voceros” han pretendido esconder realidad tan simple como la explicada, tras una cortina de humo. A saber, que el nudo del problema, las platas que faltan, serían los cobros indebidos de subvenciones en la enseñanza gratuita, Básica y Media. “Son los malos sostenedores”, los que mueven a quienes la critican, dice la Ministra (La Segunda, 21 de febrero). Y un ex secretario del ramo (y hoy de otra cartera) —que lo fue precisamente los años 2004 y 2005 DE LOS QUE TODAVÍA NO EXISTEN CUENTAS REGULARES— ha tenido el supremo tupé de declarar: “Se debe estudiar qué hacer con los sostenedores que han engañado al gobierno con platas de todos los chilenos para que sean sancionados” (La Segunda, 21 de febrero). ¿Y qué se hará con los ex ministros que dejaron, cuando se fueron, dos años de cuentas sin cuadrar?
Examinemos la sustancia de estos cargos, hechos al voleo, contra los sostenedores de enseñanza básica y media:
3.1. Si no hay todavía cuentas examinables, ¿por qué culpar anticipadamente a los sostenedores de irregularidades cuya existencia, naturaleza y cuantía aún no se conocen? En El Mercurio del 23 de febrero la última ex subsecretaria de la cartera, señala —severamente— que es menester “diferenciar los montos de recursos que son investigados, de los montos que después de haber sido investigados dan origen a un delito o hecho ilícito”. Distinción sensata y obvia, pero que se aplica, parece, sólo a los funcionarios del Ministerio, no a los “sostenedores”. Estos... condenados de antemano.
3.2. Los montos de irregularidades judicialmente imputadas a sostenedores —una veintena de casos publicados, para todo el país— son irrisorios si se comparan con las sumas globales sin aclarar. Pensemos que los establecimientos particulares subvencionados suman más de 4.000. Veinte POSIBLES ovejas negras sobre 4.000... ojalá fuera el caso de la administración pública en general.
3.3. Aspavientos surtidos porque la Contraloría detecta 50.000 alumnos subvencionados, inscritos en más de un establecimiento educacional a la vez, el año 2006. Este es un dato relevante para iniciar una investigación, pero en sí mismo no significa necesariamente una irregularidad. Pues:
- No son los sostenedores los que matriculan a los niños, sino los padres. Aquéllos no tienen manera de conocer la posible doble matrícula de un alumno, si el padre respectivo no la comunica. Y éste generalmente no informa, por desidia; o porque inscribió al niño simultáneamente en varios establecimientos, para tener distintas opciones entre las cuales escoger; o porque, habiendo mudado de colegio al hijo, pierde cualquier contacto con el establecimiento anterior.
- La matrícula no se relaciona con la subvención. Esta no se paga por aquélla, sino por asistencia. Doble matrícula no significa, necesariamente, doble subvención.
3.4. El Ministerio asegura haber recuperado el 2006, fiscalizando, 26 mil millones de pesos en subvenciones cobradas indebidamente. La cantidad se habría repetido el 2007. Así dice el secretario subrogante (La Segunda, 20 de febrero).
Aparte de que estos montos globales y sin detalle no hacen mucha fe, ni esclarecen el fenómeno, es el caso que el Ministerio califica de “indebida” una subvención pagada, actuando en ello a su entero y unilateral arbitrio. Y la “recupera” de igual modo: simplemente descontándola del próximo pago que se adeude al sostenedor. Este sólo puede reclamar al propio Ministerio. Procedimiento sin reglas fijas, interminable y kafkiano (yo he pasado por él), que no sólo desanima, sino que deshace los nervios de cualquiera.
3.5. Se presentan como “cobro indebido de subvenciones”, irregularidades que nada tienen que ver con éstas, sino con estafas internas o despilfarros del propio Ministerio. La mayor parte de las que han aparecido hasta ahora corresponden a uno de los inefables “programas” ministeriales, el conocido como “Chile Califica”, que por ejemplo anota:
- Doble cheque y doble pago por 26 millones de pesos a “entidades ejecutoras y examinadoras” del programa, naturalmente con la complicidad de funcionarios ministeriales. (La Segunda, 20 de febrero).
- Un año de arriendo, 150 millones de pesos tirados a la calle, por nuevas oficinas para Chile Califica, que nunca se ocuparon —faltó el dinero para “remodelarlas”— y al final se devolvieron sin uso (El Mercurio, 24 de febrero).
Ahora bien, Chile Califica es un “programa” monstruo de capacitación de adultos, que tiene unos 400 funcionarios y reparte centenares de millones de pesos a diversas sociedades de asesoría, fundaciones, universidades, municipalidades, etc., para actividades muy amplias —algunas esotéricas, otras no tanto—, aparentemente sin evaluación previa ni posterior que sea digna de confianza. A primera vista, una de las típicas “regaderas” de dinero fiscal, que hemos visto tantas.
Es posible que me equivoque, y Chile Califica sea mejor de lo que parece. Pero, ¿por qué cargarle sus “yayas”, reales o supuestas, PERO EN CUALQUIER CASO RESPONSABILIDAD DE LA BUROCRACIA MINISTERIAL, a los sostenedores de establecimientos gratuitos de básica y media? ¿Qué tienen que ver éstos con esas prestidigitaciones?
3.6. Los mismos funcionarios del Ministerio complicados con los cheques dobles de Chile Califica son perseguidos por pagar subvenciones, sí, doscientos millones de pesos nada menos, PERO A PERSONAS QUE NO ERAN SOSTENEDORAS DE NINGÚN COLEGIO.
Otra vez: ¿qué tendremos que ver los legítimos sostenedores, con el hecho de que se paguen subvenciones a quiénes no lo son? Dolo o culpa de los burócratas que lo hicieron, y de sus cómplices, pero nunca de sostenedores. Pues se pagó, precisamente, a personas que carecían de esa calidad.
Que no nos tomen el pelo a los sostenedores, pues. Por favor. Y la prensa, la TV, etc., que no se presten a juego tan indebido y burdo. “¡Ya se encontraron!”, dijo por televisión el “vocero” de gobierno, el último domingo, refiriéndose a los 262.000 millones. No era cierto. No se han encontrado. Ojalá los hallen, pero no será en los bolsillos de los sostenedores.
Sin duda merece mayor espacio el tema de la prensa, y de las medias verdades y mentiras completas que —seguramente de buena fe, pero engañada o mal informada— se propagan a su través, sobre la subvención escolar. Lo dejamos para más adelante.
